Legislación de licencias de obras

Legislación de licencias de obras
Aunque es competencia de las Comunidades Autónomas regular esta materia, también es Estado tiene competencias en materia de régimen local (art. 149.1.1ª y 18ª, fundamentalmente). Así, respetando las Leyes que el Estado pueda aprobar en el ejercicio de sus competencias, son las Comunidades Autónomas, competentes en materia de Régimen Local, las legitimadas para regular esta materia. Y ya han sido varias las que lo han hecho.
El Tribunal Constitucional tras dictar la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, establece un panorama urbanístico nuevo, modificando entre otros aspectos la legislación aplicable a las licencias urbanísticas, al declarar inconstitucionales la mayor parte de los artículos del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio). Esta resolución del Tribunal Constitucional permite que vuelva a aplicarse el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril) de forma supletoria en aquellas Comunidades Autónomas que no tengan legislación urbanística propia. Como consecuencia fundamental de lo relatado, las Comunidades Autónomas tomaron distintos caminos normativos, unas han aprobado leyes propias si no las tenían todavía, otras han asumido mediante leyes puente o de artículo único los preceptos declarados inconstitucionales del Texto Refundido de 1992 y, por último, se encuentran las que aplican el Texto Refundido de 1976.
La licencia urbanística, lógicamente, no es ajena a esta revolución en el sistema legal urbanístico, especialmente al pertenecer a la materia de urbanismo, competencia de las Comunidades Autónomas.
Junto a la normativa de índole urbanística habrá que tener en cuenta otra relacionada con el régimen jurídico aplicable a las licencias urbanísticas. Así, completarán la legislación aplicable la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (y su última reforma Ley 4/1999, de 13 de enero), Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y su Texto Refundido (Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.